Demandan sanciones a implicados en intento golpista en Ecuador
2011-06-15 14:50:04 // by: pontecool
Quito, 15 jun (PL) La asambleísta del gobernante Movimiento Alianza PAIS Rosana Alvarado reiteró hoy que fue vejada el pasado 30 de septiembre por los policías de la escolta legislativa, quienes aseguró recibían ordenes del diputado opositor Gilmar Gutiérrez.
Las declaraciones de Alvarado se suman a la realizada la víspera por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, quien demandó del exjefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, decir a órdenes de quién o quiénes estaban el 30 de septiembre de 2010.
El pedido de los legisladores responde a la decisión del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, de suspender la audiencia de los involucrados en la toma de las instalaciones del Palacio Legislativo, debido a la falta de algunos testigos.
Anteriormente fueron ya liberados por el tribunal encargado varios de los oficiales, policías y activistas políticos opositores acusados de promover la subversión policial ese día y de participar en el intento de asesinato del presidente ecuatoriano, Rafael Correa.
Mientras ocurría la insubordinación del Regimiento Quito y Correa era atacado con gases y obligado a refugiarse en un hospital contiguo, los miembros de la Escolta Legislativa, comandados por su jefe, se negaron a garantizar la seguridad de los asambleístas.
Así lo aseguró Alvarado, representante de la provincia Azuay, quien ratificó a la agencia pública Andes que Gilmar Gutiérrez, asambleísta del opositor Partido Sociedad Patriótica, disponía y ordenaba quién podía o no entrar a la Asamblea.
Fuimos impedidos de entrar, vejados, insultados, agredidos. Tuve un enfrentamiento con el asambleísta Gilmar Gutiérrez, y trepar un muro para poder ingresar, luego, en mi presencia, el coronel Tapia dijo que no podía garantizar la seguridad de los asambleístas, dijo Alvarado.
Los asambleístas que estuvimos presentes nos mantenemos en la declaración inicial de que la policía se insubordinó, atentó contra la seguridad interna del Estado, recalcó al reafirmar la posición oficial de rechazar la impunidad de esos hechos.
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