Ministro también integra una empresa anónima, pese a ley

2008-05-18 00:00:00 // by: pontecool

El mismo caso de los gobernadores de Guayas, Manabí y Azuay, quienes, pese a ser funcionarios públicos, paralelamente han integrado directorios de compañías anónimas en el ejercicio de sus actividades, se traslada a trabajadores enrolados en ministerios. El caso se repite en la cartera de Industrias y Competitividad (MIC). Su titular, Raúl Sagasti, y el subsecretario de Desarrollo Organizacional, Pedro Salas, conforman el directorio de Cementos Chimborazo como presidente y vicepresidente. Según su constitución jurídica, es una compañía anónima que, como tal, se rige por la Ley de Compañías y, según Sagasti, el nombramiento fue una “disposición” del Gobierno, a través de la Junta de Accionistas del Banco Nacional de Fomento (BNF), propietario del 95% de Cementos Chimborazo. “Ellos estudiaron la disposición y la consideraron adecuada”, dice el Ministro. Sin embargo, esta designación está prohibida por la ley, tal como ocurre con otros tres funcionarios públicos: los gobernadores del Guayas, Camilo Samán, en el directorio de Pacifictel S.A.; el de Manabí, Vicente Véliz, en Emelmanabí S.A. (estuvo en el puesto un año hasta marzo pasado); y el de Azuay, Oswaldo Larriva, en Hidropaute S.A. El artículo 258 de la Ley de Compañías determina que solo pueden ocupar cargos en directorios quienes no hayan incurrido en las prohibiciones e incompatibilidades del apartado 7 del Código de Comercio, que imposibilita comerciar a aquellos funcionarios que menciona el artículo 266 del Código Penal: esto es, al Presidente de la República, a ministros, gobernadores, comandantes, jefes de zonas militares y magistrados. Además, el artículo 271 de la Ley de Compañías señala que “cuando la administración de la compañía se confíe conjuntamente a varias personas, estas constituirán el Consejo de Administración”. Y agrega que “en tal caso, las disposiciones pertinentes a derechos, obligaciones y responsabilidades de los administradores son aplicables a las personas integrantes de los consejos de administración, de vigilancia o directorios”. Al hablarle sobre estas prohibiciones, el Ministro comenta que “lo deben haber estudiado cuando me lo plantearon. Yo lo que he hecho es aceptar”. Sostiene, sin embargo, que Cementos Chimborazo es público, “salvo que le haya transformado el Gobierno anterior al Banco de Fomento en una entidad privada”. No obstante, por su constitución anónima, esta empresa se rige por la Ley de Compañías, como Pacifictel, Emelmanabí e Hidropaute. Sagasti ingresó a Cementos Chimborazo en septiembre pasado y en diciembre cambió la integración del directorio, por lo que, de sus cinco miembros, tres trabajan en el Ministerio. Y pese a que la matriz de la empresa queda en Riobamba desde 1951, cuando se constituyó, cuatro de ellos residen en Quito, donde se reúnen en unas oficinas ubicadas cerca del MIC. “Cambié totalmente el directorio. Fue una decisión mía, personal, aceptada por el Banco de Fomento, desde luego”, comenta el funcionario. “El Gobierno decidió que la administración la lleve este ministerio de Estado. La administración, no la propiedad”, dice Sagasti. El directorio sesiona en Riobamba o en Quito. Los integrantes pueden cobrar $ 200 por cada reunión a la que asisten, aunque el Ministro maneja datos contradictorios sobre este tema. Según él, los funcionarios del MIC no cobran “un solo centavo. Salvo un miembro, Juan Parreño (un riobambeño que reside en Quito)”. Sin embargo, minutos después un asesor le aclara que también lo hace Fernando García y admite que cobran $ 200, que fue lo fijado por el Mandato Constituyente (para quienes no tengan otro cargo en el Estado y reciban así una remuneración). Antes ¬dice¬ eran $ 90. Este Diario también intentó hablar con Danilo Moreno Oleas, gerente general de la empresa desde diciembre pasado, pero no fue posible ubicarlo en sus oficinas en Riobamba. Cuando finalmente se lo halló en el MIC, en Quito, y empezó a hablar, inmediatamente se le acercó un asesor del ministro Sagasti, quien le comunicó (en francés) que por pedido de este no podía hablar con la prensa.