Seis procesos de fiscalización en seis meses de la Asamblea

2008-05-30 00:00:00 // by: pontecool

Procesos de fiscalización quedaron relegados durante los primeros seis meses de la Asamblea. La delegación a una de las diez mesas esa tarea, tras la declaratoria en receso del Congreso, no fue una garantía para que se asuman a cabalidad las competencias de esa función, según asambleístas de la oposición y de la minoría izquierdista que apoyan algunas posturas de PAIS en el pleno. Así durante los primeros seis meses, que se cumplen hoy, solo se emprendieron seis procesos específicos de fiscalización. Entre ellos, se incluye la indagación realizada por la mesa 9 de Soberanía tras la incursión colombiana, y las labores de espionaje que hicieron grupos militares de inteligencia en la Asamblea, investigada por la Comisión Directiva. El primer caso aún está pendiente, aunque se ratificó en informes preliminares la posición del Ejecutivo, sobre que la incursión implicó un atentado a la soberanía nacional y se soslayó “por falta de pruebas” la vinculación del Gobierno con grupos irregulares como las FARC. El segundo culminó con la presentación ante la Fiscalía de la denuncia sobre el supuesto espionaje. La mesa 10 asumió oficialmente otras cuatro tareas de fiscalización tras delegación de la Comisión Directiva. En uno de los procesos, se resolvió otorgar amnistías a los involucrados en los disturbios en Dayuma. Este fue el único caso que tuvo un pronunciamiento expreso del pleno en cuanto a criticar y censurar los actos ocurridos por acciones de la Fuerza Pública. De los tres casos que quedan, uno aún está en análisis que es el emprendido contra el ex superintendente de Compañías, Francisco Arellano, acusado de cobrar contribuciones a trabajadores públicos para el movimiento oficialista PAIS. Otro caso pendiente es el proceso contra el ex gobernador del Guayas, Camilo Samán, por recibir pagos mensuales superiores a los que percibe el primer mandatario. “La secretaría de mi mesa ya acogió la delegación de la Comisión Directiva y ahora debemos reunirnos para iniciar el proceso”, comentó María Paula Romo (PAIS), de la mesa 10. Romo cree que la Asamblea no está en deuda en tareas de fiscalización, si se toma en cuenta que su mesa asumió las funciones del Congreso de forma excepcional y con un número reducido de miembros (13). La oposición le atribuye a la saturación de trabajo en la mesa 10 y al desinterés por investigar supuestas irregularidades por la afinidad con el presidente Rafael Correa. “Esta Asamblea es cómplice de los actos de corrupción de este Gobierno al no permitir la fiscalización en denuncias concretas”, dijo Galo Lara (PSP). Alfredo Ortiz y León Roldós, ambos de la RED, también creen que la Asamblea está en deuda, porque no se asumió de forma frontal los procesos de fiscalización. Ante ello, algunos asambleístas decidieron iniciar procesos de fiscalización a cuenta propia y al margen de lo que se decida en el pleno de la Asamblea. Roldós por ejemplo inició una investigación en torno a la contratación “a dedo” de la empresa argentina Enarsa para que ejecute el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. “La Asamblea no ha podido zafarse del cordón umbilical que la ata con el Gobierno”.