Movimientos sociales de izquierda piden que se fiscalice al Gobierno

2008-06-16 00:00:00 // by: pontecool

Fiscalizar al gobierno de Rafael Correa fue uno de los puntos principales que se discutió ayer en la autoconvocatoria de los movimientos sociales reunidos en la Casa de la Cultura. Unas ochenta personas de tendencia de izquierda, congregadas en el lugar, anunciaron la reactivación de la coordinadora de movimientos sociales para exigir al Gobierno y a la Asamblea un cambio de rumbo. “Si el Gobierno cierra sus oídos y quiere gobernar al antojo de la derecha, no lo vamos a permitir”, sentenció Luis Yampis, dirigente indígena que representó al presidente de la Conaie, Marlon Santi. La fiscalización debe liderarla el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), señaló el ex dirigente petrolero Fernando Villavicencio. Otro de los puntos de la agenda es el reconocimiento de los pueblos del Ecuador, la inclusión de la plurinacionalidad, defensa de los derechos laborales y que la Asamblea recupere autonomía frente al Gobierno. El indígena de Pachakutik, Salvador Quishpe, advirtió que “no son cuatro indígenas o cuatro pelagatos que estamos molestando al Gobierno. Podemos ser uno, pero estamos preocupados”. Manifestó que hay mucha dubitación al interior de la Asamblea respecto a garantizar el consentimiento previo para la explotación de recursos naturales; único instrumento jurídico “para frenar esa política neoliberal capitalista”. Por su parte, Villavicencio anunció en la reunión que hoy a las 10:00 entregará al Primer Mandatario una carta suscrita por varios ciudadanos adjuntando documentos y evidencias directas que “visibilizan la existencia de un círculo oscuro de funcionarios que promueven la entrega de contratos y proyectos al margen de la ley”. Pruebas Según Fernando Villavicencio, quien asistió a la cita, hoy entregará al presidente Rafael Correa los documentos que prueban que la negociación de los contratos petroleros hecha por el ministro Galo Chiriboga, no es conveniente para el país. Los documentos responsabilizan a sus asesores, entre ellos a Jaime Pinos y Guillermo Granja, por perjuicios al Estado.